Caneo, HugoOsorio Otto, Samuel EugenioFacultad de Ciencias Jurídicas2018-11-082018-11-082012http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/7463Tesis Licenciado en Ciencias JurídicasEl lobbying, cabildeo en español, o gestión de intereses, es una de las herramientas con la que los particulares han comunicado sus inquietudes a sus representantes dentro de la administración del estado. Es uno de los derechos inmanentes de las personas el poder comunicarse con sus autoridades y representar sus derechos, para que la autoridad pueda actuar con conocimiento de causa en el ejercicio de sus funciones. Pero la falta de regulación, sea directa o indirecta, representa un peligro siempre latente de incurrir en el tráfico de influencias y corrupción. Por lo que se hace necesaria una regulación que determine cuál es el límite entre lo legal y lo ilegal, este es uno de los principios fundamentales de la legislación penal en el mundo, saber cuáles conductas son constitutivas de delito antes de que los particulares actúen. En este sentido uno de los primeros países en adoptar una legislación en esta materia fue Inglaterra, si bien no regula estas actividades de forma directa – regular a los mismos agentes --, si lo hace a través de las limitaciones que impone a los sirvientes de la Corona y otros poderes estatales. Pero esto no es suficiente y hoy se encuentran buscando nuevas soluciones, entre ellos se alza el de Estados Unidos, con el Lobbying Disclosure Act, una legislación que regula de forma extensiva las actividades de lobby – entre lo que se destaca, concepto de lobby, y los agentes que participan dentro de estas actividades, tanto activamente como pasivamente; el registro en el que deben incorporarse antes de comunicarse con algún miembro del Legislativo o de la administración estatal; y los impedimentos a los que están sujetos quienes trabajan en el aparato estatal y legislativo, y una vez terminado su periodo dentro de este. Chile, siguiendo las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, y la Convención Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, ha introducido modificaciones en la legislación para hacer más transparente la toma de decisiones de los funcionarios de la administración pública, y como una forma de reforzar lo ya dispuesto por la Constitución Política en su artículo 19 Números 2 y 14. No obstante, se han presentado 3 proyectos en aras de regular estas materias. El entonces Diputado Navarro, propuso modificar la ley de Bases Generales de Administración del Estado, creando un artículo especial dedicado a los conceptos necesarios para entender el alcance de la voz lobby, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, pero además ampliando el alcance del concepto hacia el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden ,y un párrafo completo a la creación de un registro especial donde deberán registrarse todos quienes quieran contactar a un funcionario de la administración pública o legislador para gestionar intereses propios o de terceros, de la misma forma que impone la legislación americana. Siguiendo el ejemplo de Navarro, el Diputado Burgos y otros, deciden presentar un proyecto de ley que regula de forma exclusiva el lobby, sin modificar otra legislación existente. Se basa en los puntos ya presentados por Navarro, pero utiliza sus propios conceptos – un ejemplo de esto es la definición de “grupos de presión” en lugar de “agente lobbyista” --, y mantiene el alcance que da la legislación americana al concepto de lobby – limitado a los funcionarios de la administración del estado y al Poder Legislativo--, pero cae en el error de no crear impedimentos para aquellos que todavía ejercen funciones o un plazo para aquellos que ya dejaron la actividad estatal o legislativa y desean dedicarse a la gestión de intereses ajenos. Como un corolario de estos dos proyectos nace el mensaje presidencial del entonces Presidente Lagos, siguiendo el ejemplo de la legislación americana y las recomendaciones de los organismos internacionales, crea una ley especial para la regulación de estas actividades. Mantiene los mismos límites que el proyecto de Burgos para el alcance de la ley, y la creación de un registro especial propuesto en ambos proyectos – sin embargo entrega la creación de este registro a otros organismos, el Ministerio de Justicia y organismos dentro del Legislativo --. Siguiendo el ejemplo del Lobbying Disclosure Act, crea prohibiciones e impedimentos para ejercer actividades de lobby a todos aquellos que estén ejerciendo cargos dentro de la administración pública y del legislativo, pero introduce una innovación en la materia, al extender esta prohibición a los conyugues, ascendientes y descendientes directos. A continuación veremos los distintos caminos con los que las principales legislaciones han abordado esta materia, así como también algunos tratados internacionales relacionados, que instan a los países miembros a crear una legislación que proteja la transparencia en el actuar del Estado, y que proteja a los ciudadanos cuando estos denuncian posibles casos de corrupción, cuando los límites de lo legal son transgredidos. Finalmente se verá los intentos que ha tomado la legislación chilena para regular estas actividades y cuáles han sido las innovaciones que ha aportado.esCorrupciónTesis