Examinando por Autor "Acosta, Juan Domingo."
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Ítem Legislación penal para los delitos cometidos contra el medio ambiente : análisis de problemas, modificaciones y reflexiones(Universidad Andrés Bello, 2011) Rivera González, Francisca Alejandra.; Acosta, Juan Domingo.; Facultad de DerechoEl ingreso de Chile a la OCDE ha significado, desde una perspectiva ambiental, el desarrollo de nuevas bases del sistema institucional ambiental, que brindan instituciones modernas de coordinación, ejecución y control, acorde a la nueva posición de desarrollo de Chile, como país OCDE. El ser un país en vías de desarrollo nos lleva a establecer otro tipo de necesidades y evoluciones económicas industriales, lo cual nos condujo a modificar la ley 19.300 por un ley que pudiese abordar el tema más a fondo, realizada a través de la Ley 20.417, de 26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental yla Superintendencia del Medio Ambiente. Esta norma pretende instaurar una modernización del modelo institucional ambiental, a través de las siguientes ideas centrales: primero, la creación de nuevas instituciones que se constituyen en referentes del nuevo marco ambiental —el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia del Medio Ambiente—; segundo, introduce importantes modificaciones a la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que permiten subsanar algunas debilidades del sistema de evaluación de impacto ambiental y resolver los problemas de coordinación entre las competencias sectoriales de los diversos órganos con atribuciones en materia ambiental; y tercero, incluye algunas nociones e instituciones actuales, como el principio ambiental de las ",,iion's Iécmtas disponibles" y la 'Pa//Iació/l amble//Ial esIraItgica ' entre otros. En este contexto, la presente tesis pretende realizar algunas críticas a la nueva ley 20.417, demostrando con políticas utilizadas en derecho comparado que es necesaria una legislación más objetiva y sistemática, desde la introducción de una nueva visión de la protección a la naturaleza dado por la inclusión —en la Constitución de 1980— de un derecho fundamental al medio ambiente libre de contaminación, y la necesidad de un derecho penal protector del medio ambiente.