Examinando por Autor "Matamala Claros, Caroline Grace"

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    El debido proceso en la legislación penal
    (Universidad Andrés Bello, 2001) Matamala Claros, Caroline Grace; Rojas Villegas, José Miguel; Orellana Torres, Fernando
    El debido proceso legal, como principio y norma jurídica reconocida en los instrumentos internacionales y en las constituciones de los estados, influye en todas las ramas del derecho. No obstante, desempeña un papel especialmente importante en el derecho penal, con el que existe una doble relación. Por un lado, el ordenamiento penal debe ser una garantía para el respeto del debido proceso legal penal y constituir la defensa del ciudadano frente a la transgresión o violación de sus derechos por parte de cualquier individuo, sea un agente del estado o un ciudadano particular. Aquí confluyen el derecho a la justicia de toda persona y el deber jurídico del estado de investigar estas transgresiones, procesar y sancionar a sus autores, y en su caso, indemnizar a las víctimas. Este aspecto, concebido básicamente como un derecho de las víctimas, es abordado en el segundo capítulo del presente trabajo. Por otro lado, la aplicación de esta normativa, conlleva a la posibilidad de asegurar los derechos esenciales del hombre, como es por ejemplo, el derecho a ser oído por un tribunal competente, por quienes posiblemente han incurrido en conductas penalmente sancionadas. Históricamente, la acusación y el juzgamiento han servido en regímenes autoritarios como un instrumento del poder estatal para cubrir de legalidad la persecución y la represión. En este marco, el debido proceso legal, no sólo tiene una función de garantía de los derechos humanos, sino que tales derechos, respecto del imputado, le imponen orientaciones y restricciones. Estas garantías judiciales, enmarcadas dentro de lo que se conoce como debido proceso legal, suponen la existencia de un órgano judicial independiente, así como un conjunto de normas y principios que garanticen un proceso equitativo y en el que el imputado disponga de los medios adecuados para su defensa. Este segundo aspecto, considerado como derechos del detenido y/o del acusado, es abordado también, en el segundo capítulo. Al respecto es oportuno mencionar lo que el United States Code ha establecido en su jurisprudencia que existe violación al debido proceso cuando una persona no ha tenido la oportunidad de defenderse debidamente, de conformidad con la ley. Tal garantía consiste en la observancia, por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio. Implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia, y de realizar los actos procesales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dárle oportunidad de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las solemnidades prescritas por las leyes respectivas. Si al aplicar la ley al caso concreto se priva a la persona de su derecho de accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar pruebas, de presentar alegatos; de usar medios de impugnación, entonces se estará ante una violación a la garantía constitucional del debido proceso. Como se podrá apreciar más adelante, determinados derechos o garantías, respecto de la administración de justicia, pueden afectar y ser exigibles tanto por la víctima como por el imputado. Entre éstos, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, al plazo razonable a la instancia plural, etc. El debido proceso busca el dificil equilibrio en el que, por un lado, la administración de justicia evite la impunidad y, de otro, se prevenga que no queden consumados errores que violen los derechos de los detenidos y acusados. Es por eso que el triple elemento 'juez, parte y norma" se deben convertir en uno sólo, que se convine e infiere en el procedimiento, todo esto para alcanzar la eficacia y validez del debido proceso legal.