La entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en abril del año 2009 sin duda que representó un significativo avance en materia de acceso a la información de los órganos de la Administración pública, que vino a romper con el secretismo que cubría las actuaciones de la Administración del Estado, y de la información que mantienen.
Esta gran reforma en materia de transparencia se enmarca dentro de una modernización del Estado, en donde los ciudadanos se ven cada vez más interesados en acceder a la información que poseen los órganos públicos, saber cómo actúan éstos, de qué manera ejercen su labor nuestros gobernantes, y quizás uno de los aspectos más relevantes, que dice relación con cómo se distribuyen y gastan los dineros del Estado.
