La conciliación y la mediación en el proyecto de reforma procesal civil.

Abstract

INTRODUCCIÓN: La función jurisdiccional del Estado ha impuesto, por su naturaleza, una serie de desafíos que exigen la adaptación constante de sus instituciones a las circunstancias cambiantes de la sociedad en que se inserta. Así, como un conjunto de mecanismos de solución de conflictos que pretenden superar la auto-tutela, los procedimientos judiciales persiguen preservar la paz social ofreciendo, como última ratio, un mecanismo de resolución de litigios entre partes dotado de una fuerza ejecutiva monopolizada por el Estado. Por otro lado, el actual procedimiento civil no se ajusta al presente de las necesidades prácticas ni dogmáticas de la sociedad chilena que busca acercarse a las sociedades más desarrolladas de la Europa continental De acuerdo a tales desafíos, las tareas referentes tanto a disponer un sistema pacífico de resolución de conflictos en los ámbitos civil, mercantil, laboral y de familia, tanto en su componente normativo como en su implementación orgánica, acaban acumulándose a las funciones legislativas sustanciales que deben cumplir los órganos del Estado en beneficio de la conservación, promoción de la paz y el desarrollo social. Sin embargo, no menos ciertas resultan aquellas afirmaciones según las cuales un acuerdo entre las partes en conflicto gozaría de muchas más posibilidades de ser cumplido por éstas que el dictamen de un tercero imparcial al cual se haya confiado la resolución de un conflicto. Nuestro actual Código de Procedimiento Civil (CPC) ha experimentado, desde el momento de su implementación, un significativo número de reformas y modificaciones tendientes a adecuar el cursos de los procedimientos judiciales tanto a los medios técnicos disponibles como a las necesidades que impone una adecuada función jurisdiccional y, en lo posible, rápida sustanciación de los procedimientos que se llevan a cabo. A pesar de aquellos, la necesidad de la actividad de los tribunales, ha evidenciado una saturación de la carga de trabajo, así lo ha evidenciado el propio Poder Judicial en su memoria anual, el cual señalo que entre los años 2000 y 2005 los ingresos de causas civiles un aumento de un 58%, es decir de 630.000 a 985.000, lo cual es una cifra muy superior en comparación con pares latinoamericanos.